EMPECEMOS POR LA CLARIDAD (CONTESTANDO A PATXI LÓPEZ)

Es evidente que no ha sido Patxi López el que ha escrito, de su puño y letra, el artículo publicado en El País. A pesar del antinacionalismo vasco que supura, de la prepotencia condensada y de la clara superioridad en que se ve a si mismo, el escrito no es del lelo de Coscojales. 
Aún así, al analista político (y en este caso también "negro" o "prostituto", por prestar su pluma a firma ajena)  le ha salido un churro vago, falaz y absurdo. 
Espero que con los retoques quede algo mejor.  

Conviene ir haciéndose a la idea. Los votantes nacionalistas (no españoles) de Euskadi y Catalunya no solo no han disminuido desde la transición, sino que además actualmente los parlamentos de ambas CCAA cuentan con, en el peor de los casos, 2/3 de representación nacionalista no española. No se han conformado con aceptar el juego de recoger las migajas que el gobierno español les iba dando, sino que siguen exigiendo el  derecho a decidir por si mismos que como sociedades adultas les corresponde, tal y como hacían sus padres y abuelos.  Tras ser mayoría durante todos los períodos democráticos y gobernar durante la mayoría de ellos, quieren dejar de estar subyugados a la minoría españolista que impone su visión por la fuerza del estado. Ejercito incluído.

Conviene ir haciéndose a la idea. Los nacionalistas españoles que viven en Euskadi y Catalunya jamás aceptarán una democracia en la que ellos no impongan su visión. Nuestros españolistas en Euskadi y Catalunya siempre han esperado que el tiempo y un autogobierno incompleto e incumplido templasen las ansias de libertad que pudieron ilusionarse en los primeros años del postfranquismo. Han roto definitivamente el velo de ambigüedad con el que se movieron durante los primeros años de recuperación de la democracia, cuando por ejemplo parte de lo que hoy es el PSE pedía el derecho de autodeterminación, para volver al planteamiento de la Una, Grande y Libre de sus padres y abuelos. Tras haber fracasado en la imposición de su universo referencial desde el poder alcanzado mediante ilegalizaciones y mentiras,  han determinado ahora que no teniendo forma a medio plazo de dominar Euskadi y Catalunya, es necesario destrozar el sistema.

Esta es la realidad que vamos a tener que gestionar quienes defendemos un Estado propio en el que la voluntad de decidir lo que somos, con iguales derechos que los nacionalistas españoles, haga compatible, por primera vez hasta ahora, el reconocimiento efectivo de las diferentes identidades nacionales que existen en su seno. La colisión anunciada por Artur Mas entre los barcos de la legitimidad de la mayoría parlamentaria catalana conformada por CiU y ERC y la imposición constitucional va producirse inevitablemente. Y no por fatalidad, sino porque las dos fuerzas principales del nacionalismo español han decidido propiciar ese desgaste del sistema democrático para llevar a la práctica un designio de unidad en lo universal que llevan inscrito en su ADN.

A estos efectos, poca utilidad tiene discutir sobre el carácter legítimo de la reivindicación de CiU tras la manifestación de la Diada. La experiencia vivida en Euskadi con la propuesta  de Ibarretxe, aprobada por mayoría absoluta en el parlamento vasco, nos enseñó que cuando el PP y el PSOE confunden las exigencias de la ciudadanía con las suyos particulares y transforman un mandato en una cruzada histórica, resulta difícil alcanzar una solución. Si se ha tomado la determinación de que, en palabras de Mas, “Catalunya pueda ejercer su plena libertad”, la única manera de evitarlo es imponiendo todos los resortes del estado. Y como es evidente que estos propósitos quieren desbordar los márgenes del sistema centralista y uniformador, parece de sentido común ir preparando una respuesta serena y eficaz.

La consulta prometida por CiU no es el paso decisivo a la secesión, sino el derecho a decidir libremente lo que se quiere ser. Y cómo.

Hay una primera medida de inexcusable aplicación: la claridad. El nacionalismo español es maestro en presentar sus particulares imposiciones como si se trataran de derechos divinos inamovibles y en hinchar su representación social en Catalunya y Euskadi hasta convertirse en el intérprete único de los “demócratas”. Pues bien, tenemos que exigir que tanto el PP como el PSOE digan claramente a los ciudadanos de Cataluña que no; que la consulta, aún suponiendo un ejercicio del benéfico derecho a decidir, no es posible pues pone en riesgo la vertebración y unidad de su inquebrantable España. Si incluso el PSOE ha decidido mostrar sin ambages sus posiciones, habrá que reclamarle que hable claro; y, también, tendremos que dirigirnos a él de la misma forma. Porque antes que la gaseosa imposibilidad europea ante el derecho a decidir está el muy concreto derecho de la ciudadanía concernida a elegir por sí misma y sin imposiciones. Y también, y no es una cuestión menor, cómo se garantizaría el derecho a la libre identidad de millones de catalanes que no quieren renunciar a su opción identitaria cuando se les impone ser españoles.

Sin dejar de reclamar respeto a la legalidad internacional, que reconoce el derecho a la autodeterminación, es en el terreno de la política desde donde debemos dar respuesta al desafío antidemocrático, que va a tener una presencia permanente, aunque discontinua, en nuestro país. Sin dramatismos, pero con seriedad. Y comprendo que cause cierto vértigo abrir este debate. Siempre va a subsistir la duda de si la exigencia de claridad puede suponer un freno a las tendencias centrífugas o bien un estímulo para que sus propagadores traten de llevarlas a término. Pero resulta indudable que en la confusión perdemos quienes defendemos la libertad frente a la imposición. Porque la disyuntiva no es referéndum sí o no, sino democracia sí o no, y libertad de identidad de las personas sí o no.

Lo más preocupante de la crecida anticatalanista no es, en mi opinión, el aumento del deseo de limitar el autogobierno, sino la banalización por gran parte de la ciudadanía del riesgo de acabar del todo con la democracia. Este desdén hacia lo que supone la libertad de los diferentes a expresarse y decidir no es una reacción natural de la población española a una supuesta deslealtad por parte de Catalunya, sino el resultado de una acción concienzuda ejecutada desde el poder institucional, aprovechando algunos agravios de base incierta y con la colaboración entusiasta de asociaciones patrióticas que no existirían sin un generoso riego de subvenciones públicas.

La eficacia de ingenierías sociopolíticas de este tipo la experimentamos en el País Vasco en la primera década del siglo, cuando desde el nacionalismo español gobernante se impuso la especie de que la propia existencia de España corría peligro si no se limitaba el derecho de los vascos a elegir libremente no ya su futuro, sino incluso su presente. Pese a su fracaso, la ley de partidos ha dejado secuelas permanentes en el PSE y en la propia sociedad vasca, que pueden activarse por contagio del PP o UPyD. Y todo ello alejándose de la realidad, siendo ejemplo de lo expuesto lo ofrecido en el último sondeo del Euskobarómetro, que repite un esquema aplicable a Catalunya: mientras aumenta el sentimiento independentista neto algo más de un tercio de la población, aumentan incluso por encima el 50% los partidarios a favor de que se celebre un referéndum sobre tan trascendental cuestión. ¿Qué hay de malo en ello?

Es lo que sucede cuando el fin pretendido, la libertad de ser y decidir, se impide con formulaciones tan evidentemente  antidemocráticas como la ley de partidos, el insulto, la manipulación de la realidad, etc. El PSOE y el PP se mueven a sus anchas en este juego antidemocrático. Por ejemplo, Patxi López, al equiparar gratuitamente más soberanía con menor bienestar, tras haber recortado este con fruición a las órdenes de Madrid. O cuando relativizan que Cameron haya autorizado la consulta planteada por el Gobierno de Escocia para 2014, enredando con falsedades como un posible éxito de que la apuesta por el SÍ pudiera dejarles fuera de la Unión Europea.

A la imposición tenemos que combatirla en el terreno de la acción política, como recomendaba en 2008 Juan José Ibarretxe, Lehendakari del Gobierno Vasco que presentó un Proyecto de Nuevo Estatuto, que ha supuesto hasta ahora la apuesta más clara por la paz, el diálogo y la decisión. Y hay que hacerlo con argumentos y datos ciertos. Tratar de atajar el inmovilismo españolista y obligarlos a retratarse nos debilita a los defensores del Estado impuesto. Del mismo modo, oponernos a su reclamación de unidad sagrada amparada por la Constitución o, en su caso, la denuncia  del inalcanzable camino que esta traza para quien pretenda reformarla desde la periferia, lejos de suponer un freno a su desbordamiento por la vía de hecho, contribuye a deslegitimarla ante los sectores de nuestra sociedad que no vivieron la transición a la democracia.