Dos acontecimientos han alterado, bien es cierto que uno más que otro, la convivencia política y social esta última semana. Ninguno de los dos responde a las demandas y aspiraciones de la sociedad vasca ni aportan nada positivo al trabajo por la paz.
Primero, el enésimo comunicado de ETA publicado el sábado día 28 en Gara. En él, la banda, lejos de asumir lo que la gran mayoría de las vascas y vascos le exigen -su disolución-, vuelve a dar un paso atrás y en un ejercicio del cinismo al que nos tiene acostumbrados califica de "justa" y "legítima" su actividad porque, dice, "ha ayudado a la
supervivencia de Euskal Herria y a mantener abierta la puerta de la
libertad".
Después, el lunes 30, como respuesta al comunicado de la banda terrorista, la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional, ejecutaba una aparatosa operación -con derribo de la puerta de la sede de EA por error al más puro estilo Loca Academia de Policía incluido- contra la organización satélite de la Izquierda Abertzale que tiene encargado el trabajo en torno a los presos de ETA, Herrira, deteniendo a 18 de sus dirigentes. El propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, justificaba la operación como respuesta al comunicado del sábado -lo que no deja de ser llamativo, pues se entiende que la Justicia actua con independencia y como respuesta a hechos ilícitos, no como herramienta de respuesta política- y definía a Herrira como "tentáculo de ETA". Desgraciadamente, este segundo acontecimiento sí que produjo fuertes reacciones. Los más notables, los incidentes producidos al rededor de la propia operación y a consecuencia de los cuales el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha anunciado una investigación interna para aclarar las circunstancias en las que resultó herida Amalur Mendizabal, senadora de Amaiur.

