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Esta
tarde se debate en el Congreso de los Diputados español una propuesta del
Parlament de Catalunya sobre la ‘delegación en la Generalidad de Cataluña de lacompetencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña’.
Lo de que ‘se debate’ es un decir. El PP y el PSOE
anunciaron hace tiempo su posición común para votar en contra y su negativa a
hablar -más allá del mínimo exigible para rechazar la propuesta en el Congreso-
del tema. Que no y no. Y que además es ilegal e inconstitucional.
Pues no, ni lo uno ni lo otro. La propuesta es
perfectamente legal y puede ser, si hay voluntad, perfectamente constitucional.
Sería más sencillo, y sincero, si simplemente dijeran que para ellos la unidad
indivisible de la que habla la constitución española está por encima de todo y
de todos. No solo de los catalanes, que eso está quedando claro, sino de los propios 'españoles'. Es una cuestión de pura voluntad y de posicionamiento político. La
propuesta no saldrá adelante y no habrá delegación en la Generalitat de la
competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro
de Catalunya simple y llanamente porque el nacionalismo español no quiere. Sí,
ese que no existe.
Es cierto que la Constitución, en su artículo
149.1.32, reserva al Estado la autorización de la convocatoria de consultas populares
por vía de referéndum. Y así lo establece también la Ley Orgánica 2/1980, de 18
de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. ¿Por qué no
convoca, pues, el gobierno de Rajoy la consulta? ¿Porque la ley lo impide? No,
porque no quiere.
Además, el artículo 150.2 de la Constitución
permite al Estado transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante
ley orgánica, facultades correspondientes a una materia de titularidad estatal
que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Y esto
exactamente es lo que pide el Parlament en la iniciativa que sus delegados
defenderán hoy en el Congreso. De nuevo, ¿impide la ley la consulta? No. Lo
impiden, en este caso, los votos del PP y el PSOE. ¿Por qué? Porque no quieren.
Sí, la Constitución habla de indisolubilidad de la
‘nación española’. Pero antes establece que el sujeto de la soberanía nacional
es el pueblo, no la propia Constitución. ¿Prohíbe la Constitución la consulta?
No, bastaría con la voluntad del ‘pueblo español’ –o de sus representantes- para
que fuera perfectamente constitucional. Nuevamente: no habrá consulta porque no
se quiere.
La consulta o no consulta en Catalunya, o en
Euskadi, o donde sea, no es cuestión ni de legalidad ni de constitucionalidad,
es un problema de voluntad. De voluntad, de democracia y de respeto. Voluntad
propia y ajena; práctica democrática y respeto por los demás.
En el fondo, la cuestión radica en la existencia
de un nacionalismo español excluyente, antidemocrático y autoritario que
recorre las venas tanto del PP como del PSOE. No hay consulta, no hay ejercicio
práctico de democracia, porque los que se sienten españoles no quieren.
