LA CONSULTA EN CATALUNYA NO ES CUESTIÓN DE LEGALIDAD, SINO DE VOLUNTAD

Esta tarde se debate en el Congreso de los Diputados español una propuesta del Parlament de Catalunya sobre la ‘delegación en la Generalidad de Cataluña de lacompetencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña’.  

Lo de que ‘se debate’ es un decir. El PP y el PSOE anunciaron hace tiempo su posición común para votar en contra y su negativa a hablar -más allá del mínimo exigible para rechazar la propuesta en el Congreso- del tema. Que no y no.  Y que además es ilegal e inconstitucional.

Pues no, ni lo uno ni lo otro. La propuesta es perfectamente legal y puede ser, si hay voluntad, perfectamente constitucional. Sería más sencillo, y sincero, si simplemente dijeran que para ellos la unidad indivisible de la que habla la constitución española está por encima de todo y de todos. No solo de los catalanes, que eso está quedando claro, sino de los propios 'españoles'. Es una cuestión de pura voluntad y de posicionamiento político. La propuesta no saldrá adelante y no habrá delegación en la Generalitat de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro de Catalunya simple y llanamente porque el nacionalismo español no quiere. Sí, ese que no existe.

Es cierto que la Constitución, en su artículo 149.1.32, reserva al Estado la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Y así lo establece también la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.  ¿Por qué no convoca, pues, el gobierno de Rajoy la consulta? ¿Porque la ley lo impide? No, porque no quiere.

Además, el artículo 150.2 de la Constitución permite al Estado transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a una materia de titularidad estatal que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Y esto exactamente es lo que pide el Parlament en la iniciativa que sus delegados defenderán hoy en el Congreso. De nuevo, ¿impide la ley la consulta? No. Lo impiden, en este caso, los votos del PP y el PSOE. ¿Por qué? Porque no quieren.

Sí, la Constitución habla de indisolubilidad de la ‘nación española’. Pero antes establece que el sujeto de la soberanía nacional es el pueblo, no la propia Constitución. ¿Prohíbe la Constitución la consulta? No, bastaría con la voluntad del ‘pueblo español’ –o de sus representantes- para que fuera perfectamente constitucional. Nuevamente: no habrá consulta porque no se quiere.

La consulta o no consulta en Catalunya, o en Euskadi, o donde sea, no es cuestión ni de legalidad ni de constitucionalidad, es un problema de voluntad. De voluntad, de democracia y de respeto. Voluntad propia y ajena; práctica democrática y respeto por los demás.

En el fondo, la cuestión radica en la existencia de un nacionalismo español excluyente, antidemocrático y autoritario que recorre las venas tanto del PP como del PSOE. No hay consulta, no hay ejercicio práctico de democracia, porque los que se sienten españoles no quieren.